Agua: Europa cierra el grifo a las pérdidas

Texto: Vanesa Sánchez
Fotografías: Son imágenes de
 la Asamblea por la Defensa
 del Agua del Valle de Lecrín.
 Autores: Ernesto Walfisch y Vanesa Sánchez.

  El 2’5% del agua que hay en nuestro planeta es dulce y de ésta, sólo podemos consumir el 1%. La escasez de la misma y los malos usos y prácticas que la contaminan se convirtieron en preocupación para la Unión Europea hace más de una década. En el año 2000 se firmó una Directriz Marco del Agua (DMA) que  según el estudio ‘La financiación del ciclo del Agua en España’,de 2009, dirigido por Albert Martínez Lacambra, es el más ambicioso de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente. Esta directriz de obligado cumplimiento a partir de 2015, pretende que los países miembros recuperen el coste que supone el ciclo integral del agua. En el Artículo 9 señala, la DMA que ‘Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos (...) y en particular de conformidad con el principio de que “quien contamina paga”.

La Directriz Marco del Agua 

pretende que 

‘quien use el agua, pague’

También dice el estudio sobre la financiación del agua, que la intención de la Unión Europea es lograr que se gestione este recurso de forma eficaz con un precio que refleje su verdadero valor con el principio “quien usa el agua, paga”.  De esta forma Europa pretende un triple objetivo por un lado la recuperación de costes y esto incluye los económicos y los ambientales, la sostenibilidad ambiental y la sensibilización de los usuarios hacia el consumo responsable. España es el cuarto país, según este informe, que menos paga por el agua. Además, es el tercero en cuanto al esfuerzo que el ciudadano hace a la hora de pagar su recibo en comparación con el salario medio.

La falta de transparencia

 española contraviene

 la Directiva europea

Cuando se habla de ciclo urbano se refiere a la captación, el tratamiento para su potabilización y el abastecimiento al usuario, hasta el saneamiento, la depuración y el vertido final al dominio público. Conocer con exactitud el coste de todo el ciclo es otro problema que padece el país y que contraviene la DMA, ya que no se sabe con exactitud. Esto es debido a que diferentes administraciones gestionan las diferentes fases. Una aproximación que hace el estudio de Albert Martínez es que la horquilla va del 57% al 96%  según comunidades autónomas para la primera parte del ciclo (abastecimiento y saneamiento). En la fase de depuración la recuperación del coste se situaría entre el 50% y el 90%, según los datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 2007 que se refieren a 2002.

En varios estudios se recomienda

 la subida del precio para 

compensar el coste

La Directriz Marco de la Unión pretende que establecer transparencia en este sentido y además participación. La situación de España para cumplir la obligatoriedad de la norma europea es bastante precaria y para no ser sancionada deberá realizar una inversión que sólo para la fase del ciclo de saneamiento sería de 19.000 millones de Euros del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que comprende entre ellas la construcción de 1.000 nuevas depuradoras. Dadas las circunstancias económicas en las que se encuentra el Estado, el estudio al que hacemos referencia y otros, que los autores del mismo utilizan, para la elaboración del mismo, señalan que la adaptación del sistema a la DMA debería ser financiada por un incremento en la tarifa a los ciudadanos.

EN ANDALUCÍA 

 No es hasta 2010 que el Parlamento Andaluz redacta y aprueba la Ley de Agua Andaluza. La norma establece en su Artículo 13 las competencias de las administraciones locales, entre las que están el abastecimiento, saneamiento y distribución, potabilización y depuración del agua. Aunque no es obligatorio que los municipios se integren en entes supramunicipales, el coste que supone que un ayuntamiento realice estos servicios de acuerdo a este reglamento resulta inviable económicamente para muchos. En este sentido la Ley del Agua Andaluza dicta en el Artículo 32 que ‘será obligatoria la gestión de los servicios del agua por los municipios dentro del sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano, cuando resulte necesario por razones técnicas, económicas o ambientales(...) previa audiencia a los municipios interesados’.    
Para muchos municipios las razones económicas y medioambientales obligan a unirse a un ente supramunicipal ya que se encuentran con un gran déficit financiero y los costes que supone una depuradora o las fases de la gestión del Ciclo Integral del Agua que la ley atribuye a la administración local  no son asumibles.

Sólo los municipios que 

se integren en entes 

optarán a subvenciones

 Además, en el mismo artículo de la Ley del Agua advierte de que ‘La falta de integración de los entes locales en los sistemas supramunicipales de gestión del agua de uso urbano, (..), conllevará la imposibilidad para dichos entes de acceder a las medidas de fomento y auxilio económico para infraestructuras del agua, su mantenimiento y explotación, que se establezcan por la Administración Autonómica’, es decir, se quedan fuera aquellos municipios de las ayudas o subvenciones que puedan requerir para inversiones en la mejora del servicio o para el simple cumplimiento de la  Directiva Europea. El agua ha estado respaldada económicamente por las administraciones, que han compensado el déficit, situación con la que pretende terminar la DMA.

 En Granada el Ente Provincial para la Gestión del Ciclo Urbano del Agua se presentó a finales del año pasado a 105 municipios de los que 84 han firmado un primer protocolo por el que se determinarán los costes e ingresos que cada ayuntamiento tiene por este servicio.  Esta entidad supramunicipal puede ser la respuesta a casos como el de Dúrcal donde durante más de una década la construcción de una depuradora para evitar seguir contaminando el río ha estado en todos los programas electorales. El proyecto está paralizado en estos momentos. Esta vez, según el Ayuntamiento, es debido a que el dinero que debía ser utilizado para la misma no ha llegado. Además, éste era un proyecto a realizar conjuntamente con Nigüelas, el municipio vecino y que acaba de salir del acuerdo, según informaba el alcalde de Dúrcal, José Pazo, en el pleno celebrado hace apenas un mes.

 No es la primera vez que una entidad supramunicipal se hace cargo de la gestión del ciclo urbano. La propia capital de Granada está gestionada por Emasagra y el sector metropolitano por Aguasvira. La primera con 51% de participación pública y la segunda con un 60%. En la costa tropical de la provincia el ciclo integral del agua es gestionado por  Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE, un consorcio formado por FCC y Acciona, es decir, privado.  Abrir la puerta al capital privado para la inversión que necesitan las infraestructuras del agua en España es una de las soluciones de las planteadas en el estudio ‘El ciclo urbano del agua en la provincia de Granada’ presentado en las Jornadas Provinciales sobre Sostenibilidad Local celebradas en junio de 2010. La subida de la tarifa es ya un hecho , y continuará subiendo hasta 2015. El mecanismo recogido en la Ley del Agua Andaluza es el pago por tramos según consumo. Ya sea una sociedad pública o privada la que gestione el ciclo, la Unión Europea pretende la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad económica y ambiental.

Algunas plataformas 

temen que se abra 

la puerta a la privatización

 Sin embargo, esto ha despertado la incertidumbre y la protesta de colectivos como la Asamblea por la Defensa del Agua del Valle de Lecrín. El pasado mes de mayo, celebraban una jornada en la que debatían este tema. Aunque no presentan alternativas a la Ley Andaluza ni a la Directiva Marco apuestan por la gestión local y critican la mercantilización de este bien esencial para la vida.

 El acceso al agua está reconocido por la ONU que ‘Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos’, sin embargo, el carácter que le da Europa es equiparable a un producto mercantil, del que recuperar los costes y que no genere pérdidas.

 Según la Asamblea por la Defensa del Agua del Valle de Lecrín deben ser los propios vecinos de cada municipio los que gestionen este bien ya que el permitir el traspaso de competencias al ente provincial podría propiciar abusos en las tarifas y una merma en la calidad del servicio.

 En tiempos de bonanza económica se podrían haber acometido las reformas necesarias para no haber dependido del ente supramunicipal pero en la provincia de Granada sólo se depuraba en 2006 el 55% de las aguas, los recursos económicos son escasos y la intención de la Unión Europea de la política de ‘recuperación de costes’ deja poco margen o ninguno a las administraciones locales.